Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias han de ser tenidas en cuenta en las personas en situación de dependencia

Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias han de ser tenidas en cuenta en las personas en situación de dependencia

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Así lo pone de manifiesto la tesis doctoral de Mª Isabel Bazago Dómine realizada en el Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica de la Universidad de Extremadura y dirigida por los doctores Carlos Alexis Chimpén López y Laura Rodríguez Santos

 

30/01/2018. En España existen 1.264.951 personas en situación de dependencia con derecho a prestación, según los datos extraídos del IMSERSO. De ellas, 35.147 corresponden a la comunidad autónoma extremeña. Para todas estas personas, la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, ha supuesto un impulso para mejorar su acceso a determinados servicios sociales, ofreciéndoles una visión más global.

Sin embargo, a pesar de las mejoras experimentadas y de los estudios existentes que han permitido una atención y gestión más eficaz, lo cierto es que hasta el momento la investigación que analiza a estos usuarios, estableciendo  una relación entre el desempeño funcional, los recursos sociales, la calidad de vida así como sus cogniciones anticipatorias no ha sido explorada, tratándose pues, de un estudio inédito.

Precisamente por eso, establecer una relación entre todas estas variables es lo que propone la tesis doctoral de Mª Isabel Bazago Dómine. Para su autora este trabajo puede servir para reflexionar  sobre la situación actual y así “presentar globalmente su visión sobre las personas en situación de dependencia, ya que si conocemos el impacto que tienen tanto las alteraciones en el desempeño funcional, como la presencia de recursos sociales o cogniciones anticipatorias en las personas que atendemos, podría permitir mejorar su calidad de vida, garantizando una optimización de recursos y fomentando planes de intervención más específicos, objetivos últimos de las administraciones públicas”.

Para llevar a cabo el estudio de campo, Bazago ha analizado a 188 personas en situación de dependencia de la zona sociosanitaria de Trujillo (Cáceres). Así, a través del trabajo con estos usuarios, la investigadora ha podido observar algunos aspectos significativos relacionados, por ejemplo, con la calidad de vida. Esto pone de manifiesto que la problemática a la que se enfrentan estas personas debe ser tenida en cuenta de manera integral. “Hemos visto que a medida que aumenta el grado de dependencia reconocido aumenta también la calidad de vida. También, aquellas personas que tienen asignado un recurso de dependencia, tienen mejor calidad de vida que aquellos que los reciben por otras vías tanto públicas como privadas”.

Sin embargo, el comportamiento de las cogniciones anticipatorias es diferente. A medida que la persona presenta mayor grado de dependencia, tiene menor presencia de cogniciones anticipatorias negativas.

Para Mª Isabel Bazago llama mucho la atención como las personas con gran dependencia presentan menor número de cogniciones anticipatorias negativas, presentando un comportamiento inverso. “Durante más de una década de ejercicio profesional, hemos realizado muchas visitas a personas en situación de dependencia. Mi experiencia y los resultados del estudio desvelan que una persona con un grado de dependencia I, dependencia moderada o grado II, dependencia severa, presentan mayor número de cogniciones anticipatorias negativas, que aquellas personas que se encuentran en una situación de gran dependencia. Además, son las personas que reciben ayudas de dependencia, las que dicen tener menor cogniciones anticipatorias negativas”.

Por último y debido a la importancia de las conclusiones obtenidas en la tesis doctoral, que avalan la necesidad de la existencia de esta ley, la investigadora anima a seguir desarrollando estudios y optimizar los recursos humanos existentes, ya que la Administración Autonómica cuenta con profesionales en cada uno de los equipos de valoración distribuidos por las veinte zonas sociosanitarias de la región, con un amplio bagaje en este ámbito.

 

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